DAÑOS Y PERJUICIOS ¿COMO RECLAMAR CUANDO SE ES VÍCTIMA DE UN DELITO?

Hablamos de responsabilidad civil derivada del delito cuando nos referimos a aquella obligación que se concreta en la indemnización de los daños y perjuicios derivados de un hecho descrito como delito, por lo que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios, conforme a lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal.

Ejemplo: Sujeto A que arranca el bolso al sujeto B. Además de la responsabilidad penal que corresponda por el delito de robo con violencia y/o del delito de lesiones, deberá responder, asimismo, de la indemnización de las lesiones (físicas, psíquicas) que pudiera haber sufrido la víctima así como de los daños materiales ocasionados.

Siendo víctimas de un delito, comúnmente y de forma prácticamente autómata, solicitamos la reclamación de los daños y perjuicios en el procedimiento penal, pero

¿Conocemos realmente el alcance de la responsabilidad civil derivada del delito? ¿Sabemos, en cada caso, quién debe asumir la misma?

Nuestro sistema judicial permite al perjudicado u ofendido por el delito ejercitar, de forma conjunta y acumulativa, la acción civil y la penal, con el fin de evitar la posible peregrinación entre jurisdicciones, salvo que se haga reserva o renuncia expresa de la acción civil por parte de dicho perjudicado.

No cabe renuncia tácita en ninguno de los supuestos, por lo que si el perjudicado por el delito no quiere reclamar, en el procedimiento penal, los daños o perjuicios que le correspondieran, deberá de ponerlo en conocimiento del juzgado de forma expresa.

  1. ¿El Juzgado tiene la obligación de informar de tales derechos al perjudicado por el delito?

Si. El órgano judicial que conozca de la causa y sea el encargado de investigar el delito tiene la obligación de informar de tales derecho al perjudicado u ofendido, de forma previa al trámite de calificación del delito, según disponen los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el supuesto que, por parte del Juzgado, no se haya efectuado tal trámite, el perjudicado podrá presentar recurso de nulidad de actuaciones con la consecuente retroacción de lo actuado a fin de que se le efectúe el oportuno ofrecimiento de acciones y se le informe de sus derechos.

Si al perjudicado, de forma previa a la celebración del juicio oral, no se le ha informado de tales derechos, el mismo podría manifestarlo en el propio juicio, como cuestión previa, o bien adherirse a las peticiones que haya efectuado el Ministerio Fiscal. Si bien, en este último supuesto, no podría efectuar modificaciones a mayores de las peticionadas por el Ministerio Fiscal (STS 25 de junio de 2015).

  1. ¿Qué sujetos son civilmente responsables?

Distinguiríamos tres categorías:

  1. Responsables civiles directos (art. 116 a 118 CP): Entrarían dentro de esta categoría todos aquellos sujetos penalmente responsables (si de sus actos se derivan daños y perjuicios), las compañías aseguradoras que asuman el riesgo de determinadas actividades (hasta el límite de la cobertura), así como aquellos sujetos que, aún no resultando penalmente responsables (bien porque actúan en estado ebrio o intoxicación, bien porque actúan en error, bajo miedo insuperable o estado de necesidad…) son responsables civiles de tales hechos.
  1. Responsables civiles solidarios: Son responsables solidarios los guardadores de los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal y quienes estén bajo su potestad o guarda legal o de hecho. También es solidaria la persona jurídica respecto de los hechos cometidos por las personas físicas.
  1. Responsables civiles subsidiarios (art. 120 y 121 CP): Éstos tienen beneficio de exclusión, por lo que sólo responderán si los responsables directos son declarados insolventes, en defecto de aquellos. Entraría aquí la responsabilidad de los organismos públicos por los delitos cometidos por sus funcionarios.
  1. ¿Cuál es el contenido y la extensión de la responsabilidad civil derivada del delito?

Aunque siempre tendemos a fijar el contenido de la responsabilidad civil en una suma de dinero, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Código Penal cabe decir que la responsabilidad civil derivada del delito comprende también la restitución y la reparación del daño.

Hablamos de restitución generalmente cuando estamos ante delitos apropiatorios, por lo que si el sujeto aún ostenta el objeto del delito deberá de retornar el mismo al perjudicado. Sólo cabrá indemnización cuando el deterioro del objeto sea importante y no pueda efectuarse restitución alguna, por lo que no se trata de una opción para el condenado sino una obligación (art. 111.1 CP).

Por su parte, la reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establezca atendiendo a la naturaleza y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable (art. 112 CP).

Ejemplo: En los delitos de calumnia o injuria se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes (art. 216 CP).

En cuanto a la indemnización de perjuicios hablamos de compensar los mismos mediante una cantidad de dinero concreta. En lo que respecta a los perjuicios materiales, los mismos deberán de concretarse en el relato de hechos de la sentencia a diferencia del perjuicio moral los cuales vendrían incluidos de forma implícita en los hechos (art. 113 CP).

Cabe destacar que la carga de la prueba en materia de responsabilidad civil derivada del delito le corresponde a la acusación, por lo que deberá de ser ésta quién pruebe la relación de causalidad entre los daños sufridos y el delito (a excepción de determinados supuestos como aquellos relativos a los delitos contra la libertad sexual).

La determinación de la cuantía a la que ha de ascender la indemnización es una facultad del Juez o Tribunal si bien, conforme lo dispuesto en el artículo 115 CP, es obligatoria la fundamentación sobre las bases en las que se ha determinado. Si bien, comúnmente, y a los efectos de cálculo de lesiones corporales, se acude a los Baremos de circulación, cabe decir que los mismos se configuran como una regla de “mínimos” para supuestos de delitos dolosos.

La responsabilidad civil derivada del delito se deberá determinar en función del daño producido y no según en grado de culpabilidad, como sucede con la pena impuesta.

  1. ¿Una vez finalizado el proceso penal, podríamos reclamar lesiones que hubieran aparecido con posterioridad?

Si finalizado el proceso penal, la víctima o el ofendido por el delito presenta lesiones que han surgido con posterioridad a los hechos y, en tales casos, el procedimiento penal ya habría finalizado, es posible la reclamación de tales lesiones por la vía de la responsabilidad civil extracontractual (y no en base a la responsabilidad civil derivada del delito) en el plazo de 3 años desde que la víctima pudo haber ejercitado tal acción.

Ejemplo: Sujeto A que ha sido víctima de un delito y que manifiesta en el proceso penal su voluntad de no reclamar, al no presentar inicialmente lesiones. Una vez finalizado el proceso penal y habiendo recaído sentencia, sufre trastorno de ansiedad o depresión con ocasión de tales hechos. La indemnización por tales lesiones deberá reclamarse civilmente en base al principio de responsabilidad civil extracontractual.

5. ¿Y si existiera auto de archivo o sentencia?

Si el perjudicado no ha hecho reserva de la acción civil y el procedimiento penal ha finalizado con auto de sobreseimiento, o bien con sentencia absolutoria por razones diversas a la inexistencia del hecho, el perjudicado podrá exigir la responsabilidad civil en el plazo de 1 año a partir de que se le notifique la resolución que ponga fin al proceso penal.

Ejemplo: El proceso penal finaliza con sentencia absolutoria al resultar el delito prescrito. La víctima podrá reclamar por la vía civil, en el plazo de un año, los daños y perjuicios que le correspondan.

Si la víctima ha hecho reserva de la acción civil y la resolución que pone fin al proceso penal es condenatoria, el plazo a tener en cuenta para la prescripción de la acción civil es el genérico de las acciones personales, es decir, de 15 años (art. 1964 Código Civil), salvo en los supuestos de circulación (1 año). Si, por el contrario, el procedimiento penal ha finalizado con resolución que no sea condenatoria, el plazo de prescripción es el relativo al cumplimiento de las obligaciones que nacen de la culpa o negligencia, es decir, de 1 año (art. 1968.2 del CC). Dichos plazos se iniciarán desde que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento penal.

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