Te recordamos los derechos de los detenidos tras la Reforma de la LECRIM

Te recordamos los derechos de los detenidos tras la Reforma de la LECRIM

Tras la entrada en vigor, de la Ley 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y por imperativo legal de la Directiva Europea 2013/48/UE, de 22 de octubre de 2013, se debió de adaptar la mayor parte de los artículos referentes al derecho de defensa y refuerzo de los derechos procesales de los encausados y detenidos.

Pero, ¿Sabemos en qué afecta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

Han sido varias las novedades introducidas por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en este sentido, lo cierto es que las mismas afectan a los funcionarios de policía en el ejercicio de sus funciones, así como el trato de éstos con los detenidos.

Desde nuestra práctica como abogados hemos observado continuos incumplimientos de la norma, así que recordamos las modificaciones más relevantes:

Derecho a información al detenido.

Con la reforma, cualquier persona a quien se le atribuya un hecho punible tendrá derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación y, en cualquier caso, con anterioridad al momento de la declaración en sede policial.

Este derecho implica, por tanto, facilitar el atestado por parte de las autoridades policiales (artículo 118 LECrim). Como gran novedad, la reforma introduce el derecho del detenido a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones con la finalidad o no de impugnar o no la detención. En este sentido, se impone la obligación de incluir en el atestado el lugar y la hora de inicio y finalización de la detención (artículo 520 LECrim).

Posiblemente este haya sido el cambio más relevante y, a su vez, el que ha suscitado ciertas divergencias entre aquellos letrados que, con la actual regulación, han solicitado a las autoridades el acceso íntegro al atestado y éstos últimos que, en ciertas ocasiones, y por falta de ordenes internas, no han permitido dicho acceso, derivando, muchos casos, en impugnación de detenciones por la vía del procedimiento del habeas corpus.

El Tribunal Constitucional ha sido claro a la hora de pronunciarse sobre dicha cuestión, ejemplo de ello lo encontramos en la primera sentencia dictada tras la reforma: la STC 13/2017, de 30 de enero de 2017, en la que se establecen las siguientes premisas:

  • No puede denegarse el acceso al atestado ni en los supuestos de secreto de sumario ni en la detención incomunicada.
  • Cabe entender como actuaciones esenciales todas las que obren en el atestado policial y que guarden relación con los motivos de la detención, sin que pueda limitarse el acceso a un formulario en el que las respuestas se limitan al marcaje de algunas casillas estereotipadas.

Derecho de asistencia letrada desde el inicio del proceso (artículo 118.1 LECrim).

Cualquier persona que se encuentre detenida tendrá derecho a comunicarse y entrevistarse reservadamente con el abogado/a designado, incluso, antes de que se le tome declaración por parte de la autoridad policial, estando así el abogado/a presente en todas y cada una de las diligencias que se practiquen (artículo 118.2 LECrim).

Ampliación del derecho de defensa de los detenidos.

En este sentido, se introduce el famoso derecho a la llamada, también el derecho a un intérprete y traductor, así como el derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora justificada, con cualquier persona de su elección; aunque si bien, en este caso, será en presencia del funcionario de policía.

En el supuesto de detenidos extranjeros, éstos también tendrán derecho a ser visitados por las autoridades consulares correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 520 LECrim.

Mayores garantías en la forma de detención.

La reforma de la Ley concede, asimismo, cierta importancia sobre la forma de detención así como el plazo máximo en el que se debe de llevar a cabo la misma. Aquellas autoridades que acuerden la detención de una persona, así como los responsables de practicarla, deberán de velar por los derechos constitucionales al honor, a la intimidad así como a la imagen de los detenidos sin que constituya un gravamen mayor de lo que por si implica dicha diligencia. Asimismo, deberá de informarse del plazo máximo legal de detención, siendo éste de 72 horas, hasta que se ponga a disposición de la autoridad judicial o en libertad, así como el procedimiento por el cual se permite impugnar la legalidad de la detención.

En conclusión:

La actual redacción, deberá velarse, de forma rigurosa, por el correcto cumplimiento del contenido esencial del derecho de defensa. Esto implicará tener un buen conocimiento de la actual normativa, por parte de nuestras autoridades (en especial, las policiales) ya que, en definitiva, en sus manos rige el poder de practicar una correcta detención y reconocer el derecho inherente de cualquier detenido o encausado.

Desde diversas organizaciones y colegios profesionales, por ejemplo, el ICAB, se viene advirtiendo de la falta de cumplimiento, en la práctica, de las previsiones de la reforma.

http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312ccb08705c7052b3548defa77ffbeed6568220ad267282aab51636546a378e79acd8f398de3b0504fcc

Creado por Javier Aranda| 2018-06-30T06:25:30+00:00 junio 30th, 2018|Derecho penal|0 Comentarios

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By | 2018-09-24T08:20:41+00:00 junio 30th, 2018|iurispol|0 Comments